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PLATAFORMA ANTIMOROSIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES

Estimados amigos:

Estamos de en hora buena. Adjunto la sesión de ayer del Congreso como véis excepto una abstención todos a una para que las administraciones paguen sus deudas. Estamos de EN HORA BUENA. Sólo falta ver como se concreta. Esperemos que pronto podamos disolver la PLATAFORMA

Recibe un cordial saludo

Juan Sierra

PLATAFORMA Anti Morosidad de las Administraciones
Coordinador
www.medeben.org

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA AYUDAR A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A REDUCIR LOS PROBLEMAS DE MOROSIDAD. (Número de expediente 173/000059.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, relativa a las medidas que va a adoptar el Gobierno para ayudar a las administraciones públicas a reducir los problemas de morosidad. Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Merino.

El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Popular para hablar sobre la moción consecuencia de interpelación que planteamos la semana pasada al vicepresidente económico del Gobierno con un objetivo claro y primordial, que es que las pymes y autónomos cobren las deudas que las corporaciones locales mantienen con ellas. El Partido Socialista y el Gobierno no han sido capaces de crear un nuevo marco de financiación local que permita corregir los problemas y los desfases que tienen los ayuntamientos.

Hablábamos el otro día de la situación de las competencias impropias que realizan los ayuntamientos, que son de las administraciones autonómicas pero que están realizando los ayuntamientos; hablábamos también de la grave crisis económica y social que vive España y de que los ayuntamientos en estos momentos tienen más gasto social porque tienen que atender las necesidades de las personas. En definitiva, hablábamos de una mentira que se produjo hace un año y dos meses aproximadamente cuando el Gobierno socialista, el candidato Rodrí guez Zapatero y el candidato Solbes, en ese famoso debate, decían a los españoles y a los ayuntamientos que no había crisis. ¿Qué provocó esa situación? Que muchos ayuntamientos hicieran sus presupuestos creyendo al entonces presidente del Gobierno y al vicepresidente económico. ¿Cuál ha sido la realidad al finalizar el año 2008? Pues que hemos asistido a un auténtico desfase presupuestario en los ayuntamientos motivado por la caída de ingresos que se ha producido en el año 2008 en las administraciones públicas y más concretamente en el ámbito de las administraciones locales.

El Banco de España y el Ministerio de Economía y Hacienda cifran la deuda de las corporaciones locales con las pymes y autónomos en torno a 6.000 millones de euros, justo los 6.000 millones de euros que este Gobierno se gastó en algo tan improductivo como ha sido dar, y generalmente a los que más tienen, los famosos 400 euros, mientras aquellas clases y aquellas personas más desfavorecidas no tuvieron acceso a esos 400 euros. Si ese dinero lo hubiera dedicado el Gobierno a dárselo a los ayuntamientos para pagar a las pymes y autónomos, habríamos inyectado liquidez a los mismos, habríamos inyectado tejido económico y habríamos inyectado la oportunidad de que las pymes y los autónomos subsistieran.

¿Cual es la situación hoy de las pymes y de los autónomos? Deudas de los ayuntamientos, imposibilidad de acceder a los créditos, imposibilidad de que las pymes y los autónomos, que tienen facturas pendientes de pago de las corporaciones locales, puedan acudir al descuento bancario y hacer efectiva esa deuda que tienen las corporaciones locales, y cada día que pasa se destruyen más puestos de trabajo en las pymes y desaparecen mil autónomos al día, y esos que desaparecen tan rápido, luego va a ser muy difícil volverlos a incorporar al mercado de trabajo. Por eso, es necesario aportar y dar liquidez a las pymes y a los autónomos, porque son los que crean el 80 por ciento del empleo en nuestro país y necesitan esa liquidez, y, por eso, el Grupo Parlamentario Popular ha planteado esta moción consecuencia de interpelación, porque queremos que, a través de línea ICO, de avales del ICO, se pueda inyectar económicamente dinero a las pymes y a los autónomos. Yo les quiero decir algo a los miembros del Grupo Socialista, ni las pymes, ni los autónomos entenderían lo siguiente: Con una mano el Partido Socialista lleva cinco años diciendo que iba a acabar con los especuladores del ladrillo, con aquellos que estaban haciendo negocios e hinchándose de ganar dinero con el ladrillo y mientras, con la otra mano, el propio Partido Socialista, a través de la Caja de Castilla-La Mancha, estaba concediendo créditos a especuladores, en vez de facilitar préstamos a las pymes y a los autónomos. Esa es la realidad del Partido Socialista, estaba negándole a las pymes y a los autónomos lo que les estaba dando a aquellos de los pelotazos urbanísticos, que son los que han llevado a la Caja de Castilla-La Mancha a la situación actual. Esta situación hay que resolverla ya porque no podemos entrar a dilatar aún más la problemática de las pymes y de los autónomos. Desde este Congreso de los Diputados necesitamos dar soluciones y propuestas reales a los problemas de las pymes y de los autónomos en esta época de crisis económica y social. Tenemos que hacerlo. De ahí la propuesta que ha presentado el Partido Popular y mi agradecimiento a todos los grupos parlamentarios por el apoyo y el trabajo que están realizando para llegar a un acuerdo en esta moción.

En estos días hay una frase que se está recordando mucho que dice así: Míreme a los ojos, ¿se acuerda de mí? Me gustaría que cuando hoy acabe este Pleno todos los diputados de esta Cámara podamos decirles a las pymes y a los autónomos: Mírennos a los ojos, ¿se acuerdan de nosotros? Somos los diputados que conseguimos resolver el problema del pago de las deudas de los ayuntamientos con las pymes y los autónomos. Por eso, tenemos que hacer el esfuerzo y por eso el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular ha presentado otra medida económica más en esta ocasión en el Congreso.

Afortunadamente, hemos conseguido evitar el veto del Gobierno y de la vicepresidenta primera, porque una medida económica más vuelve a este Congreso de los Diputado de la mano del Grupo Parlamentario Popular. Pido a todos los grupos parlamentarios que apoyen esta propuesta del Partido Popular, porque no es una propuesta de brindis al sol, es una propuesta de realidad, de problema social, de problemas económicos, de problemas de pymes y de miles de autónomos que hace unos días se tuvieron que manifestar en la puerta del Congreso y que hoy esperan una respuesta favorable de todos y cada uno de nosotros. Reitero nuestro agradecimiento a todos los grupos parlamentarios. Y, señor presidente, en caso de que lleguemos a una transacción, se la haríamos llegar de forma inmediata.

Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, tiene la palabra don Joan Ridao por Esquerra Republicana de Catalunya.

Señorías, hace ya meses, desde que estamos inmersos en esta cruda crisis, que en esta Cámara venimos hablando recurrentemente de los problemas de liquidez que tienen familias y empresas, sobre todo aquellas pymes y autónomos que hace algunos días se concentraron en las puertas de este Congreso de los Diputados. No en vano la liquidez se ha convertido en lo que podríamos llamar la clave de bóveda para que otras medidas anticrisis adoptadas por el Gobierno surtan efectos, porque inciden, cómo no, en el funcionamiento de la economía y, consiguientemente, también en la evolución del empleo. Hablar de liquidez es tanto como hablar de morosidad, que es la otra cara o el reverso de la moneda, porque la morosidad, en definitiva, es lo que lleva en buena medida a que una parte importante de los agentes sociales y económicos de nuestra economía no funcionen. Pero también de morosidad de las administraciones públicas, tanto del Estado, de las comunidades autónomas, como de los ayuntamientos, pues es la morosidad de estas administraciones un mal endémico, un mal atávico que, como es sabido, se ha querido combatir con una legislación antimorosidad y con una legislación sobre contratación del sector público reciente, entre el año 2004 y 2007, que no se ha resuelto positivamente. Mientras fluía el crédito privado a través de bancos y cajas, se podía conllevar fácilmente este problema, porque las empresas iban a la ventanilla del banco o a la caja aportando como garantía las facturas pendientes de cobro. Pero ahora, con el grifo del crédito cerrado prácticamente a cal y canto, la morosidad de las administraciones públicas ha agravado los problemas, en este caso de liquidez, de muchas empresas que han visto cómo este problema se convertía en un auténtico drama.

De ahí la reivindicación, la reclamación justa que plantea este sector y también esta moción. La presente moción reproduce en parte otra del mismo grupo de hace ya algunas semanas y se centra básicamente en la morosidad de la Administración local.

Huelga decir que el problema de la financiación local es un tema pendiente, cuya solución no admite más dilaciones.

Ya desde el año 1994 venimos hablando de una Administración local que debería alcanzar el 25 por ciento del total del gasto público, y en este momento no supera el 13 por ciento. Por ello, no podemos estar de acuerdo con lo que decía el ministro de Economía al sustanciar la presente interpelación, cuando, sacándose las pulgas de encima, decía que el Estado no es responsable de los ingresos y de los pagos de las administraciones públicas. Efectivamente, esa afirmación textual no es de recibo porque los ingresos de las administraciones públicas, concretamente de la Administración local y comunidades autónomas, dependen en gran parte del Estado, y si no que se lo pregunten a los mismos. En este contexto, los problemas de la Hacienda local son desde siempre acuciantes, pero actualmente se ven agravados por una disminución ostensible de los ingresos públicos como consecuencia del actual momento de crisis, porque su fuente de ingreso principal está muy vinculada al ciclo económico, concretamente a la evolución del sector inmobiliario y de la construcción. Hoy volvemos a discutir sobre morosidad de los entes locales, una cuestión —repito— recurrente, sobre la que el Gobierno ha hecho más bien poco, por no decir nada, a pesar de que tenemos constancia de que desde hace unos meses hay un borrador que el Gobierno puso encima de la mesa para discutir con la Federación Española de Municipios y Provincias. También recientemente el propio ministro de Economía dijo que preparaba un paquete de medidas para favorecer que el sector público se pusiera al día en sus pagos. Pero finalmente no hemos conocido el alcance concreto de estas propuestas.

Dijimos ya hace algunas semanas, cuando el Partido Popular propuso también una línea específica de crédito vinculada al ICO, que estábamos de acuerdo en términos generales, aunque preferimos que las medidas antimorosidad de los entes locales pasen por un adelanto de su participación en los ingresos del Estado. Es por esta razón por la que, obviamente, hoy nuestro grupo también está de acuerdo cuando se vuelve a plantear esta cuestión. Otra cosa es si en esa línea van las enmiendas que hemos presentado; que deben clarificarse algunas cuestiones como por ejemplo la característica y el requisito de estas medidas, discerniendo si el crédito es para deudas antiguas reconocidas o bien para las deudas futuras —en ambos casos creemos que el pago debería realizarse por orden estricto de antigüedad—; que además el gasto debe ser perfectamente reconocido y liquidado; que la obra y el servicio deben haber sido perfectamente recepcionados; que el contratista y el subcontratista hayan presentado la correspondiente factura oficial y que el crédito concertado en cinco años pueda refinanciarse en casos excepcionales de necesidad de financiación, con especial atención también —y con eso acabo— a que las deudas derivadas de las obras financiadas por el reciente Fondo estatal de inversión local al final no generen problemas de liquidez y, por lo tanto, vinculándolas también a esta medida que hoy se nos propone. Por lo demás, evidentemente nuestro grupo está a favor. Tenemos constancia de que en este momento se está trabajando en una eventual transacción; esperamos podernos sumar a la misma y ya anuncio nuestro voto favorable independientemente de que el grupo proponente llegue a un acuerdo o no con el grupo de la mayoría.

Señorías, el Bloque Nacionalista Galego comparte la necesidad de establecer los mecanismos necesarios para que las administraciones públicas y los organismos oficiales paguen con la máxima celeridad a los proveedores y contratistas. Es necesario dar respuesta a una situación que está ocasionando grandes perjuicios a las pymes y a los autónomos, agravando sus problemas de liquidez y tesorería en un contexto de crisis económica. Por ello, entendemos necesario aplicar medidas coyunturales, pero consideramos que también se deben abordar reformas legislativas de carácter estructural que permitan corregir los problemas que se han apreciado en la aplicación de la normativa vigente contra la morosidad. Esto es lo que pretendemos con las enmiendas que ha presentado el BNG. Coincidimos en que puede ser necesaria la creación de una nueva línea de crédito ICO, pero su cuantía, desde nuestro punto de vista, debe concretarse en función de las obligaciones de pago que resulten acreditadas y cuantificadas por las entidades locales. En cualquier caso, la adopción de esta medida no debe servir de pretexto para demorar aún más en el tiempo la necesaria reforma de la financiación de las entidades locales.

Por otra parte, consideramos necesario reformar la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y la Ley de Contratos del Sector Público, con los objetivos que paso a enumerar. Primero, establecer una reducción a 30 días del plazo máximo de pago a los proveedores por parte de la Administración. Segundo, obligar a que las administraciones públicas reconozcan la deuda adquirida por los contratistas con suministradores y subcontratistas. Tercero, determinar legalmente los gastos de cobro imputables a los deudores, así como su cuantía. Cuarto, regular procedimientos de reclamación simplificados en las deudas de bajo importe. Y quinto, crear un fondo especial para el pago a los proveedores de las administraciones públicas. Finalmente, defendemos que se aborden reformas en la legislación fiscal que permitan a las pymes y a los pequeños autónomos aminorar el quebranto económico que se produce por razón de la morosidad en los pagos. Por ello, promovemos modificar la legislación sobre el IVA para permitir que las empresas, en particular los pequeños negocios, puedan aplazar el pago del IVA hasta el cobro real de las facturas en las que se devengue el impuesto. Proponemos también permitir la deducción dentro del mismo ejercicio en la liquidación del impuesto sobre sociedades de las facturas que los acreedores declaren como incobrables. En definitiva, consideramos que las medidas coyunturales propuestas en esta moción deben ir acompañadas de medidas estructurales, mediante reformas legislativas que permitan que el Estado español deje de ocupar el furgón de cola de la Unión Europea en cuanto a la morosidad y los plazos de pago tanto de las administraciones públicas como del sector privado.

Les anticipo que el BNG considera que estas reformas de carácter más estructural, más de largo alcance, son necesarias, y que de no ser aceptadas por el grupo proponente tendrán forma de iniciativas legislativas propias a lo largo de esta legislatura. Pero consideramos pertinente la moción que se somete a debate y por tanto declaramos nuestra disposición a apoyarla, aunque nos gustaría que en el tiempo que queda hasta culminar la sesión plenaria de hoy fuera posible llegar a una transacción en la que participen todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una enmienda de adición a la moción planteada por el Grupo Parlamentario Popular que está orientada a facilitar el cobro por los proveedores de las deudas que tengan pendientes con las administraciones locales. La hemos presentado con el objetivo —que creo que finalmente materializaremos— de intentar juntar todas las opciones importantes que destacaba en su moción el Grupo Parlamentario Popular, así como también las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por demás grupos de la Cámara a fin y efecto de intentar consensuar una medida económica para paliar el problema, que está afectando a la economía productiva española, de todos aquellos proveedores, básicamente empresarios autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas, con las que las administraciones locales han contraído deudas importantes.

Van pasando los meses y el cobro de dichas deudas se va alargando y no se paga a 30, 60, 90 ni 120 días, sino que en algunos casos se llega a periodos escandalosos como pueden ser más de 365 días, incluso en algunos casos se llega a 600 días.

Todos estamos de acuerdo en que existe un grave problema de financiación que afecta a la liquidez de muchísimas pequeñas y medianas empresas y en que este problema de morosidad en un sector importante de la economía española está originado por la falta de pago, por la morosidad de las administraciones locales. Por este motivo hemos presentado una enmienda, que pensamos que va a ser aceptada por el Grupo Parlamentario Popular, proponente de esta iniciativa, con el propósito de que se regule o implemente una nueva línea de crédito a través del Instituto de Crédito Oficial básicamente destinada a facilitar el pago de las deudas que las corporaciones locales han contraído con sus proveedores, dando prioridad a aquellas deudas que se mantengan con empresarios autónomos, con microempresas o con pequeñas y medianas empresas para las que el pago de las mismas pueda suponer el mantenimiento de la ocupación en estas compañías. También es importante otro acuerdo al que hemos llegado con el Grupo Parlamentario Popular en el que cabe destacar la buena labor del diputado don Rafael Merino, que ha sido sensible a todas las propuestas que hemos hecho los diferentes grupos parlamentarios. Concretamente, había una propuesta de Convergència i Unió que entendemos que es relevante y que si es votada a favor también dará un buen resultado para el segmento de pequeñas y medianas empresas que dan mucha ocupación en el territorio español. Con esta enmienda pretendemos facilitar la negociación entre pequeñas y medianas empresas y empresarios autónomos con el sistema financiero para que a través de una nueva línea de avales del ICO se pueda garantizar el cobro de las deudas pendientes de las corporaciones locales e introducir la necesaria liquidez de los proveedores de las administraciones municipales. Básicamente se trata de que en el caso de las pequeñas y medianas empresas que tengan deudas pendientes de cobro con las administraciones locales se puedan instrumentar unos avales que se adjuntarían a las facturas de dichos proveedores para que estos, con el aval del ICO, lo puedan descontar en las instituciones financieras para así poder hacer líquidas las deudas en el momento en que se presente el aval con la factura correspondiente. Pensamos que hoy vamos a dar un paso importante para hacer posible que a través de los avales del ICO se implemente la liquidez para todas aquellas deudas contraídas por las diferentes corporaciones locales con los pequeños y medianos empresarios, que no hay que olvidar que ascienden a un montante total de 30.000 millones de euros.

La señora BATET LAMAÑA: Gracias, presidente. Señorías, uno de los principales problemas de la economía en estos momentos es el mantenimiento y la potenciación de nuestro tejido empresarial. Para ello el Gobierno ha puesto en marcha distintas medidas: la creación de liquidez mediante líneas de préstamos del ICO en buenas condiciones, con 37.900 millones de euros disponibles para 2009; la concesión desde la Agencia Tributaria de aplazamientos de 2008 a 2009 por importe de unos 1.200 millones de euros, y en lo que va de año hemos diferido de 2009 a 2010 otros 1.200 millones de euros; la puesta en marcha de la devolución mensual del IVA, lo que supone a estas alturas del año la devolución de 760 millones de euros que en otras circunstancias no hubiesen recibido las empresas hasta 2010.

Así, la financiación y la liquidez de las empresas y en especial de los autónomos es una preocupación clara de este Gobierno y de este grupo parlamentario.

En paralelo a este problema hay otra cuestión, que es la financiación de los entes locales. Sobre el diseño de un nuevo modelo de financiación local está habiendo una negociación intensa entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias que estamos convencidos de que llegará a buen puerto. Además, el Gobierno socialista abrió en 2007 un fondo especial para municipios de menos de 20.000 habitantes, procediendo este año al adelanto de los pagos, lo que supone una cuantía de 60 millones de euros, un 50 por ciento superior a la cuantía del año anterior; ha procedido también al adelanto de los pagos de la liquidación correspondiente a 2007 para los municipios con población inferior a 75.000 habitantes, aportando una liquidez de 470 millones de euros, y aprobó, por cierto sin el apoyo del Grupo Popular, el Fondo estatal de inversión local de 8.000 millones de euros para la activación económica y el fomento del empleo, la mayor inversión en las corporaciones locales que se ha hecho en treinta años de democracia. De esta manera, la suficiencia financiera de las corporaciones locales ha sido y es una preocupación clara del Gobierno y de este grupo parlamentario y para su consecución se han tomado medidas importantes.

Pero no es este el debate que se suscita hoy aquí. De lo que estamos hablando es de cómo las corporaciones locales y las administraciones públicas en general pueden ayudar o, en todo caso, no perjudicar al tejido empresarial.

La falta de liquidez de estas administraciones públicas hace que este objetivo sea a veces difícil de cumplir. Es en esta coyuntura excepcional, de problemas sobrevenidos por la crisis, en la que el Gobierno debe responder y así lo hace, no asumiendo una deuda que no es suya —lo que vulneraría la autonomía local y financiera reconocida en la propia Constitución—, pero sí ofreciendo fórmulas facilitadoras a administraciones públicas, a pymes y autónomos. No se trata pues de pagar la deuda, sino de facilitar liquidez y sobre todo de que terceros de buena fe, los proveedores, no sufran la morosidad en el pago. Nuestra enmienda en este sentido muestra que a los socialistas nos preocupan y nos ocupan tanto las pymes y los autónomos como las administraciones locales. Por eso defendemos en primer lugar el diálogo entre el Gobierno y la FEMP, como piedra angular de todas las decisiones que se deben tomar en torno a los entes locales; en segundo lugar, posibilitar un mayor endeudamiento para que todas las administraciones públicas garanticen cumplir con sus compromisos, y en tercer lugar, establecer la posibilidad de refinanciación de la deuda de las entidades locales por un lado y por otro abrir una línea de descuento para las empresas mediante garantía del ICO, todo ello priorizando, evidentemente, las deudas con pymes y autónomos, con el objetivo de garantizar al mismo tiempo el mantenimiento o la generación de empleo.

En definitiva, hemos hecho un esfuerzo para trabajar en la dirección de la enmienda presentada por el Grupo Socialista para llegar a una transaccional orientada al pacto y el acuerdo, pensando que con el esfuerzo de todos y la asunción de las responsabilidades que cada Administración pública contrae en su toma de decisiones podamos avanzar juntos para superar los momentos de dificultad. Las administraciones públicas, todas, no van a ser un problema, sino que serán contribuyentes a una solución conjunta en una situación de dificultad.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Emilio Olabarría. (Rumores.)

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente. No quería solicitar su amparo, sino simplemente someter a reflexión, seguramente compartida por los dos, que hace exactamente tres segundos se nos ha ofertado una transacción en relación con la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Uno ha hecho un modesto esfuerzo por preparar sus reflexiones en relación con la iniciativa originaria, que ha sido objeto de transacción exactamente hace tres segundos. Eso puede formar parte de los requerimientos de la geometría variable que caracteriza la actividad política de esta Cámara en estos momentos y nosotros lo aceptamos.

Vamos a votar, evidentemente, la transacción. Nos parecía razonable la posición original del Grupo Parlamentario Popular. Evidentemente, en una situación de crisis económica no parece aceptable desde ningún punto de vista que sea la morosidad en las administraciones públicas, incumpliendo dos leyes, la 3000/2004 y la 30/2007, la que esté provocando el cierre de numerosas pequeñas y medianas empresas y de numerosos autónomos, 7.000 en el último trimestre en Galicia nada menos, 1.000 cada mes en el Estado español. Desde esa perspectiva nos parecía muy razonable la enmienda presentada por el señor Merino. La geometría variable que caracteriza nuestra actuación nos lleva a este tipo de posiciones. Vamos a entrar en una dinámica parlamentaria caracterizada por una especie de exuberancia o de exotismo normativo y parlamentario que no sé cuanto tiempo va a durar, señor presidente. En todo caso, nosotros que siempre hemos invocado el valor del consenso y de la transacción, sobre todo en momentos de crisis económica en que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos están particularmente gravados por los azotes de la crisis, estamos dispuestos a que la transacción, aunque dimane de la necesidad hecha virtud o de virtud hecha necesidad —da igual a estas alturas—, sea la que caracterice las políticas sectoriales en esta materia.

Por lo tanto, señor presidente, creo que tenemos que votar la transacción reglamentariamente. La votaremos porque nos parece razonable.

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA AYUDAR A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A REDUCIR LOS PROBLEMAS DE MOROSIDAD.

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas que va a adoptar el Gobierno para ayudar a las administraciones públicas a reducir los problemas de morosidad.

Esta moción ha recibido una enmienda transaccional. ¿Algún grupo se opone a su tramitación? (Pausa.) En consecuencia, se pasa a votación la moción en los términos de la enmienda transaccional presentada.

Plataforma Anti Morosidad de las Administraciones Estamos de EN HORA BUENA

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